La Fiscal General James Exige Claridad Sobre la Elegibilidad de SNAP

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, dirigió hoy una coalición multiestatal de otros 20 fiscales generales al pedir a los EE. UU. Departamento de Agricultura (USDA en inglés) para corregir de inmediato los errores en las nuevas instrucciones federales que determinan quién puede recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés). En una carta a la Secretaría de Agricultura Brooke Rollins, la Fiscal General James y la coalición advierten que la nueva guía del USDA trata erróneamente a varios grupos de inmigrantes como no elegibles para la asistencia alimentaria, contradice la ley federal de larga data y podría bloquear ilegalmente a los residentes permanentes legales a los que se les concedió asilo o que entraron en los Estados Unidos como refugiados, libertad condicionales u otros participantes humanitarios para que reciban los beneficios alimentarios a los que tienen derecho. Los fiscales generales están exigiendo que el USDA solucione estos errores.

“La guía confusa e incorrecta del USDA pone a las personas vulnerables en riesgo de perder los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dijo la Fiscal General James. “Los refugiados, asilados y otros inmigrantes que obtuvieron el estatus legal no deberían perder el acceso a los beneficios del SNAP porque el gobierno federal malinterpretó sus propias leyes. Las familias necesitan certeza, los estados necesitan instrucciones claras, y el USDA debe corregir estos errores de inmediato”.

El 31 de octubre, el USDA envió una guía a las agencias estatales de SNAP esbozando los cambios en la elegibilidad del programa como resultado del llamado "One Big Beautiful Bill", incluidas las nuevas restricciones a la elegibilidad de los no ciudadanos para SNAP. El memorando se emitió casi cuatro meses después de que la ley subyacente entrará en vigor y se convirtió en vinculante al día siguiente, un sábado, dejando a los estados casi sin tiempo para implementar la guía. En el memorando, el USDA afirma incorrectamente que varias categorías de migrantes, incluidos los residentes permanentes legales que fueron admitidos como refugiados, personas a las que se les concedió asilo e individuos llevados a un lugar seguro a través de programas de libertad condicional humanitaria, son categóricamente "no elegibles" para SNAP.

La Fiscal General James y la coalición enfatizan que, según la ley federal, los refugiados y las personas a las que se les concede asilo o libertad condicional humanitaria se convierten en elegibles para SNAP tan pronto como obtienen el estatus de residencia permanente legal. Muchas de estas personas obtienen sus “” dentro de sus primeros años en los Estados Unidos, lo que las hace elegibles de inmediato para SNAP. Los fiscales generales argumentan que el hecho de que el USDA no reconozca esta vía deja a los estados con instrucciones que podrían hacer que nieguen ilegalmente la asistencia alimentaria a miles de familias.

Los fiscales generales también expresan su preocupación por la tergiversación del USDA del período de espera federal de cinco años que se aplica a algunos residentes permanentes legales. Según la ley federal, los refugiados, los asilados, las personas cuya deportación ha sido retenida y otros están exentos de este requisito y son elegibles para SNAP tan pronto como reciben una tarjeta verde. El USDA ha reconocido estas exenciones durante décadas. Sin embargo, la nueva guía elimina erróneamente a estos grupos de la lista de exenciones, contradiciendo directamente los estatutos federales y las propias regulaciones del USDA.

Además, las regulaciones federales otorgan a los estados un período de gracia de 120 días después de que se emita una nueva guía para que puedan ajustarse a los nuevos requisitos sin enfrentar severas sanciones financieras. Sin embargo, con esta guía, el USDA ahora afirma que este período de gracia finalizó el 1 de noviembre, solo un día después de que se publicará la guía, y antes de que los estados tuvieran un día hábil para revisar. Los fiscales generales explican que esta lectura es imposible bajo las propias reglas del USDA, que dejan claro que el período de 120 días no puede comenzar hasta que se emita una nueva guía. Al ignorar este requisito, el USDA está poniendo a los estados en riesgo de sanciones importantes por errores creados completamente por el retraso y las inexactitudes de la propia agencia.

La Fiscal General James y la coalición exigen al USDA que corrija de inmediato estos errores legales; aclare que los refugiados, asilados y personas admitidas mediante programas de libertad condicional humanitaria pueden optar al SNAP una vez que obtengan la residencia permanente legal; publique con precisión la lista de grupos humanitarios exentos del período de espera de cinco años; y proporcione una explicación legal del funcionamiento de la regla de los cinco años. Asimismo, exigen que el USDA reconozca que el período de transición de 120 días comenzó en la fecha de publicación de las directrices, para que ningún estado se vea perjudicado por la confusión causada por las instrucciones erróneas y tardías del USDA.

A la Fiscal General James se unen en la redacción de esta carta los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.